El 19 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera. La reforma incorpora un procedimiento de revisión de determinadas adquisiciones de sociedades mexicanas por inversión extranjera, con base en posibles riesgos o amenazas a la seguridad nacional. Entrará en vigor el 20 de noviembre de 2026.
El nuevo régimen no somete a revisión general toda inversión extranjera, ya que su aplicación obligatoria depende de:
- La participación accionaria que resulte de la operación.
- El valor de los activos de la sociedad mexicana.
- La actividad económica que ésta desarrolle.
En atención a la publicación del Decreto, hemos actualizado nuestro Client Alert para reflejar las principales disposiciones y las implicaciones que deben considerarse en operaciones corporativas y de fusiones y adquisiciones.
Operaciones sujetas a autorización previa.
Conforme al nuevo artículo 30 Bis, se requiere resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (“CNIE”) cuando la inversión extranjera pretenda participar, directa o indirectamente, en más del 49% del capital social de una sociedad mexicana, siempre que además el valor total de sus activos, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que la propia CNIE determinará mediante resolución general y que la sociedad mexicana tenga como actividad económica alguna de las actividades o sectores previstos.
Cuando la participación extranjera que se pretenda exceda del 49% pero el valor total de los activos de la sociedad mexicana no supere el umbral referido, la presentación de la solicitud tendrá un carácter voluntario. A la fecha, la CNIE no ha emitido la resolución general que determine dicho umbral, por lo que, hasta su publicación, el alcance del supuesto obligatorio no puede determinarse con certeza. En este periodo, se recomienda evaluar caso por caso la conveniencia de presentar la solicitud de manera voluntaria en operaciones vinculadas con los sectores previstos.
El nuevo régimen es adicional a la resolución favorable prevista en el artículo 9o. de la Ley de Inversión Extranjera para la participación superior al 49% en sociedades mexicanas cuyos activos rebasen el monto determinado por la CNIE para tales efectos, la cual se mantiene vigente.
Sectores.
| Categoría | Qué comprende | Perfiles de sociedades mexicanas que podrían aplicar |
| Infraestructura estratégica, física o virtual | Energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, aeroespacial, defensa e instalaciones sensibles, así como los terrenos e inmuebles indispensables para su uso. | Operadores logísticos con activos en recintos fiscalizados, puertos o cruces fronterizos; hospitales y clínicas; centros de datos; parques industriales vinculados a esas instalaciones. |
| Tecnologías críticas y productos de doble uso | Inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, nanotecnologías y biotecnologías. | Manufactura electrónica y de autopartes con sensores o electrónica de potencia; desarrolladores de software especializado; laboratorios y empresas de dispositivos médicos. |
| Insumos fundamentales | Suministro de insumos fundamentales, en particular energía o materias primas, así como seguridad alimentaria. | Agroindustria con posición relevante en cadenas de abasto; distribuidores de insumos industriales; minería y sus procesos de transformación. |
| Información sensible | Acceso a información sensible, en particular datos personales, o la capacidad de controlar dicha información. | Plataformas de servicios financieros, salud o consumo con bases de datos personales a escala; centros de servicios compartidos que administran información del grupo en la región. |
| Cláusula abierta | Actividades o sectores económicos análogos o similares que determine la CNIE mediante resolución general. | El perímetro no queda cerrado en la ley y puede ampliarse por resolución general de la CNIE, sin intervención del Congreso. |
Autoridad competente y procedimiento.
La reforma establece que la solicitud deberá presentarse conjuntamente por “la sociedad mexicana y el inversionista extranjero” ante la Secretaría Técnica de la CNIE. La CNIE dispondrá de 45 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, para emitir su resolución en los términos del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, y comunicarla a las personas interesadas por conducto de la Secretaría de Economía. A falta de disposición expresa en la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento, será aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La reforma excluye expresamente estos asuntos de la afirmativa ficta prevista en el artículo 28. El silencio administrativo no implica aprobación de solicitudes relativas a seguridad nacional.
La CNIE podrá:
- Determinar que no existen riesgos o amenazas a la seguridad nacional y declarar viable la adquisición.
- Sujetar el proyecto a modificaciones que mitiguen el riesgo identificado, a cargo de las partes involucradas.
- Impedir la adquisición por razones de seguridad nacional.
Las resoluciones que declaren viable o condicionen la adquisición incluirán términos y condiciones específicos y podrán implicar reportes periódicos a cargo de las partes involucradas y la evaluación del cumplimiento del orden jurídico nacional. La reforma incorpora a la CNIE a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En las sesiones sobre seguridad nacional participarán, con voz pero sin voto, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los integrantes de la CNIE, quienes no podrán abstenerse de votar. Además, la CNIE presentará un informe semestral al Congreso de la Unión sobre su gestión en materia de seguridad nacional.
Régimen de sanciones.
- Transmitir, ceder, entregar o transferir la participación accionaria al inversionista extranjero, pese a la denegación de la CNIE o sin contar previamente con resolución favorable (artículo 38, fracción VI). Multa de 5,000 a 200,000 UMA, equivalente aproximadamente a MXN $586 mil (USD $30,080) a MXN $23.46 millones (USD $1.20 millones), aplicable a la sociedad mexicana.
- Incumplir las acciones de mitigación del riesgo dispuestas por la CNIE (artículo 38, fracción VII). Multa de 5,000 a 200,000 UMA, equivalente aproximadamente a MXN $586 mil (USD $30,080) a MXN $23.46 millones (USD $1.20 millones).
Los montos son aproximados y se calcularon considerando el valor diario de la UMA para 2026, de MXN $117.31 (USD $6.02), y un tipo de cambio de referencia de MXN $19.50 por USD $1.00, que corresponde al promedio del tipo de cambio de los últimos días.
Adicionalmente a las multas previstas en el artículo 38, la CNIE podrá determinar la desinversión, sujeta al procedimiento que al efecto se establezca. En su caso, el inversionista extranjero contará con un plazo de 90 días hábiles, contado a partir del día siguiente a la notificación de la sanción, para desincorporar los activos adquiridos. Este plazo podrá prorrogarse por un periodo igual.
Implicaciones para operaciones de M&A
El alcance del nuevo régimen dependerá de la estructura de cada operación y de si, como resultado de ésta, la inversión extranjera participa directa o indirectamente en más del 49% del capital social de la sociedad mexicana. En todos los casos deberán considerarse, además, el umbral de activos y la actividad económica previstos en el artículo 30 Bis. Algunas de las estructuras más frecuentes plantean los siguientes escenarios:
| Estructura de la operación | ¿Se ubica en el supuesto? | Análisis |
| La sociedad mexicana continúa operando con los mismos accionistas, sin cambios. | No | El régimen se activa con una adquisición. No hay inscripciones, avisos ni autorizaciones retroactivas sobre estructuras existentes. |
| Compraventa de una participación superior al 49% a un comprador extranjero. | Sí | Es el supuesto más claro. Si además se cumplen el umbral de activos y el criterio sectorial, se requerirá autorización previa. La sociedad mexicana y el inversionista extranjero deberán presentar conjuntamente la solicitud. |
| Adquisición adicional o aumento de capital que lleve la participación extranjera por encima del 49%. | Sí | La autorización podría activarse por una operación posterior mediante la cual la participación extranjera rebase el 49%, ya sea por la adquisición de acciones existentes o por la suscripción de nuevas acciones o partes sociales. Lo relevante es el porcentaje resultante de la operación, no únicamente el porcentaje adquirido en ese acto. |
| Capitalización de pasivos que lleve la participación extranjera por encima del 49%. | Sí, en principio | La conversión de deuda en capital puede resultar en la adquisición de una participación accionaria superior al umbral, aun cuando no exista una compraventa de acciones. |
| Fusión que resulte en una participación extranjera superior al 49%. | Sí, en principio | El Decreto no regula expresamente las fusiones. Sin embargo, si como consecuencia de la operación la participación extranjera supera el 49% del capital social de una sociedad mexicana, deberá analizarse si se actualizan los demás requisitos del artículo 30 Bis. |
| Transferencia de la participación a otra entidad extranjera del mismo grupo. | Revisión caso por caso | El Decreto no prevé un tratamiento particular para las reorganizaciones intragrupo. La operación deberá analizarse caso por caso conforme a las disposiciones aplicables, las reglas de implementación que se emitan y, en su caso, las condiciones de la resolución correspondiente. |
| Adquisición de una matriz extranjera que implique un cambio indirecto respecto de una sociedad mexicana. | Sí, en principio | El régimen contempla la participación extranjera directa e indirecta. Por ello, una adquisición celebrada fuera de México podría quedar comprendida; su aplicación práctica deberá analizarse en cada caso. |
Cuando resulte obligatoria, la resolución favorable deberá considerarse dentro de las condiciones para el cierre de la operación y del calendario contractual. También será necesario prever la posible imposición de medidas de mitigación, la asignación del riesgo regulatorio y las consecuencias de una eventual denegación o de obligaciones posteriores al cierre.
El efecto más inmediato será sobre el calendario de la operación. La CNIE cuenta con 45 días hábiles para resolver, plazo que podría verse afectado por prevenciones conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que las fechas límite para el cierre (outside dates) deberán prever este periodo. Dado que el silencio de la CNIE no equivale a una aprobación, los documentos de la operación deberán definir quién asume ese riesgo y hasta dónde el comprador deberá aceptar medidas de mitigación.
En procesos competitivos, el perfil regulatorio del comprador podrá ser un factor relevante para el vendedor, y el due diligence deberá extenderse a la actividad que efectivamente desarrolla la sociedad mexicana y al valor de sus activos.
Entrada en vigor.
El Decreto entró en vigor el 20 de noviembre de 2026. La CNIE deberá publicar la resolución general que fije el umbral de activos dentro de los 180 días naturales siguientes a su publicación. Los asuntos que ya se encuentren en trámite antes de la entrada en vigor continuarán atendidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. El Decreto no establece una excepción general para operaciones negociadas o firmadas antes de su entrada en vigor que aún no hayan sido cerradas, por lo que deberán analizarse los efectos de la reforma con respecto a dichas transacciones.
Recomendaciones prácticas.
- Diagnóstico inicial. Identificar qué sociedades del grupo desarrollan actividades potencialmente comprendidas y contar con información actualizada sobre sus activos.
- Revisión de operaciones en curso. Determinar el porcentaje de participación extranjera directa o indirecta que resulte de las operaciones en negociación o pendientes de cierre y evaluar la posible necesidad de autorización previa.
- Preparación contractual y documental.Considerar desde ahora flexibilidad en condiciones suspensivas, outside date y asignación de riesgo regulatorio, incluyendo las consecuencias de eventuales medidas de mitigación o desinversión, y centralizar información sobre propiedad última, origen de fondos y perfil fiscal y de cumplimiento del comprador.
- Seguimiento regulatorio. Monitorear la resolución general de la CNIE sobre el umbral de activos, así como la eventual reforma al Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras que regule el procedimiento, y las demás disposiciones que resulten aplicables.
En Cuesta Campos
Contamos con amplia experiencia asesorando a inversionistas extranjeros, vendedores y empresas mexicanas en la aplicación del marco regulatorio en materia de inversión extranjera, la estructuración de adquisiciones y reorganizaciones corporativas complejas, la negociación de disposiciones regulatorias en contratos de adquisición y la obtención de autorizaciones ante la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), cuando resultan aplicables.
Nuestro compromiso es mantener a nuestros clientes informados sobre los cambios regulatorios y brindarles asesoría estratégica y práctica que les permita anticipar desafíos, mitigar riesgos y aprovechar oportunidades de inversión en un entorno regulatorio en constante evolución.
La presente publicación proporciona información general sobre el Decreto publicado en el DOF el 19 de noviembre de 2026 y no constituye asesoría legal. La aplicación del régimen deberá evaluarse según las circunstancias de cada operación y las disposiciones complementarias que se emitan.
Contacto
Azucena Marín
Jesús Bueno
Santiago Mena
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