El pasado 4 de mayo de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el Acuerdo 68/2026, mediante el cual se emiten criterios generales y lineamientos operativos de carácter orientador para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal.
El Acuerdo busca fortalecer la certeza jurídica, la eficiencia administrativa y la confianza en la relación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. Si bien no limita ni modifica las facultades legales del SAT, sí establece una ruta de actuación relevante para empresas que operan, invierten o planean expandirse en México.
Aspectos clave para los contribuyentes
- Reconocimiento de tratados internacionales y doble tributación
- Alcance: La autoridad fiscal deberá observar y promover el cumplimiento de los tratados internacionales y disposiciones aplicables para evitar la doble tributación.
- Impacto práctico: Las empresas con operaciones transfronterizas tendrán una base adicional para sustentar posiciones fiscales vinculadas con tratados, siempre que cuenten con documentación técnica y soporte contractual adecuado.
- Revisiones fiscales más concentradas y eficientes
- Alcance: El SAT procurará realizar, por regla general, una sola revisión integral por ejercicio fiscal y por contribuyente, mediante el análisis de muestras representativas y evitando revisiones simultáneas de distintos ejercicios, salvo que existan supuestos legales o circunstancias particulares que justifiquen lo contrario.
- Impacto práctico: Este enfoque puede reducir cargas administrativas durante auditorías. No obstante, las empresas deberán mantener expedientes fiscales integrales, consistentes y listos para revisión, ya que una auditoría concentrada podría abarcar distintos aspectos de la operación.
- Auditorías con mayor previsibilidad jurídica
- Alcance: Las auditorías deberán ajustarse a los plazos, procedimientos y requisitos previstos en la legislación fiscal, observando el principio de no retroactividad y los plazos de caducidad aplicables.
- Impacto práctico: La medida refuerza la importancia de documentar oportunamente criterios fiscales, posiciones contables y evidencia de cumplimiento para defender la operación bajo las reglas vigentes al momento de su realización.
- Restricción de certificados y cancelación de registros como medidas de última instancia
- Alcance: La autoridad procurará utilizar la restricción temporal de certificados de sellos digitales y, en su caso, la cancelación de registros, como mecanismos de última instancia, privilegiando previamente acciones preventivas o correctivas y garantizando el derecho de audiencia, salvo en los casos en que la ley permita su aplicación inmediata.
- Impacto práctico: Para las empresas, esto es especialmente relevante por el efecto operativo que puede tener la restricción de sellos digitales en facturación, cobranza, logística y continuidad del negocio. Recomendamos contar con protocolos de respuesta rápida y monitoreo preventivo.
- Simplificación administrativa, devoluciones y fallas de sistemas
- Alcance: El Acuerdo prevé mejoras para agilizar la inscripción al RFC, la obtención de la firma electrónica avanzada y los tiempos de devolución de saldos a favor. Asimismo, cuando se acrediten fallas en sistemas institucionales que impidan el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales, se evitará imponer sanciones atribuibles a dichas fallas.
- Impacto práctico: La simplificación puede facilitar la entrada de nuevos inversionistas y la operación diaria. Para aprovechar estos beneficios, será clave conservar evidencia de trámites, acuses, incidencias tecnológicas y comunicaciones con la autoridad.
- Atención expedita y fortalecimiento de PRODECON
- Alcance: Se promoverán mecanismos de atención expedita para regularizar contribuyentes afectados por restricciones de sellos digitales o cancelación de registros, así como el fortalecimiento institucional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
- Impacto práctico: Este punto puede abrir espacios adicionales para gestionar controversias o procesos de regularización con menor impacto económico y operativo, especialmente en casos que requieran una interlocución rápida con la autoridad.
¿Qué deben hacer las empresas?
- Diagnóstico preventivo: Revisar la situación fiscal actual, identificar operaciones sensibles y preparar expedientes de soporte ante posibles auditorías integrales.
- Gestión documental: Asegurar que contratos, comprobantes, papeles de trabajo, evidencia de materialidad y documentación de operaciones transfronterizas estén alineados y disponibles.
- Protocolos de continuidad: Actualizar procedimientos internos para responder ante restricciones de certificados, retrasos en devoluciones o fallas en sistemas del SAT.
- Planeación de inversión: Evaluar cómo estos lineamientos pueden contribuir a un entorno de mayor certeza para proyectos de expansión, nearshoring o reinversión en México.
En Cuesta Campos podemos apoyar a su empresa en la evaluación de estos lineamientos, el diseño de una estrategia preventiva de cumplimiento y la preparación de expedientes que reduzcan riesgos frente a revisiones fiscales.
Para cualquier consulta o asistencia adicional, no dude en contactar a los profesionales de Cuesta Campos.
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Héctor Avilés
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